Algunos
conspiranoicos andan denunciando que el Gobierno está ocultando una parte de
los muertos ocasionados por el coronavirus. Abona su teoría cierto caos
estadístico en el cual las cifras suben, bajan, se revisan, se corrigen, y en
el que no siempre coinciden las cifras del Ministerio con las de las
comunidades autónomas. Siempre que alguien invoca una teoría de la
conspiración, yo le suelo contraponer la teoría de la chapuza, que en mi opinión
suele explicar mucho mejor las cosas que pasan. Los seres humanos no somos tan
listos como para montar elaboradas conspiraciones donde todo está previsto y
donde se pueden borrar todas las huellas. Tenemos tendencia a la estupidez, al
error y a la improvisación. Por otro lado, la realidad suele ser algo muy
complejo y que algo no nos cuadre no suele querer decir que hay alguien con
oscuras intenciones detrás, simplemente que hay algo que se nos escapa.
Me
temo que los conspiranoicos ven demasiada televisión, o se creen demasiado de
lo que ven en las series televisivas. Piensan que los organismos públicos
tienen unas enormes bases de datos donde está todo recogido, que es posible
meter el nombre del sospechoso en el ordenador y que, ipso facto, aparezca
en la pantalla su foto y sus antecedentes; o que pidamos una prueba de ADN y en
cinco minutos una máquina nos dé el resultado, después de comparar la muestra
con todos los perfiles de ADN del mundo; o que si vas al ayuntamiento puedes
obtener los planos del edificio del banco que vas a atracar, donde tienes
señaladas hasta las alcantarillas por la que entrarás y saldrás y el grosor del
acero de la cámara de seguridad.
La vida
real es diferente. Ni las administraciones públicas ni las empresas privadas
tienen todos los datos, ni los tienen perfectamente ordenados. Con mucha frecuencia
hay datos parciales, desorganizados, contradictorios. ¿Cuántos asesinatos
cometió ETA? La respuesta correcta es: ochocientos y pico. Nadie lo sabe con
certeza, según a qué fuente acudamos nos dará una cifra distinta. La más
repetida es la de 829 víctimas, que proporcionó hace años el Ministerio del Interior,
es la que nos da la Wikipedia. El Gobierno vasco recoge 849. La Oficina de
Asistencia a las Víctimas del Terrorismo, que depende del Ministerio del
Interior, revisa en 2017 los expedientes y cuenta 853. En el libro Vidas
rotas de Rogelio Alonso y Florencio Domínguez se cuentan 857. El Colectivo
de Víctimas del Terrorismo (COVITE) dice que son 858. La Oficina de Asistencia
a las Víctimas de la Audiencia Nacional contempla 864. ¿Alguien está ocultando
asesinatos? ¿O alguien se los está inventando? No; simplemente utilizan
criterios distintos. Hay asesinatos sobre los cuales no hay consenso sobre si
se pueden atribuir o no a ETA. Algo parecido sucede si alguien pregunta por el número
total de delitos que se cometen cada año en España. Hay estadísticas distintas
elaboradas por organismos distintos que ofrecen cifras distintas. El Ministerio
del Interior, el Instituto Nacional de Estadística, la Oficina Estadística de
la Unión Europea (Eurostat), la Fiscalía General del Estado, el Consejo General
del Poder Judicial, suelen ofrecer cifras no coincidentes porque las calculan
con criterios dispares.
Hasta
aquí estoy hablando de datos difíciles de organizar, datos en grandes
cantidades y que provienen de múltiples fuentes. Pero contaré una anécdota
personal que indica que, incluso en una escala mucho menor, se puede producir
la misma confusión. En 2006 yo era miembro del Parlamento de Navarra y, a raíz
de una noticia de prensa, se me ocurrió pedir una información al Gobierno de
Navarra, simplemente para conocer datos dentro de la función de control que, se
supone, hacen los parlamentarios. Pregunté por las reclamaciones de
responsabilidad patrimonial que se hubieran formulado en los últimos diez años,
indicando las indemnizaciones concedidas e incluyendo, si las hubiera, las
acciones de responsabilidad seguidas contra autoridades y funcionarios. Supuse,
ingenuamente, que esos datos estarían en posesión de algún órgano, probablemente
Hacienda que es quien al final paga, perfectamente informatizados, y que no le
costaría mucho hacerme un listado. Pasaron los meses y no recibí respuesta.
Insistí para ser informado de forma oral en comisión, lo que provocó que el consejero
competente para responderme presentara un escrito alegando la imposibilidad de
obtener los datos en el plazo reglamentario y pidiendo un aplazamiento. Por fin,
a los cuatro meses de admitirse mi solicitud, recibo la información,
consistente en un montón de hojas perfectamente desorganizadas. Resulta que
nadie tenía los datos ordenados y cada departamento me remitió lo que le
pareció oportuno. Algunos, una breve comunicación indicando que no habían
tramitado ninguna reclamación. Otros, que habían tramitado pocas, en un par de
folios me daban los datos. Algunos me remitían un listado, pero lo más curioso
fue lo del departamento que más reclamaciones había recibido y más
indemnizaciones había pagado, el de Salud. Me enviaron un montón de fotocopias
tamaño A3 con una larguísima lista, escrita a mano, de todas las reclamaciones,
sin sumar las cantidades reclamadas o pagadas. Por ahorrarse esfuerzos, me
obsequiaban con datos personales que no debían de haberme entregado y que yo no
había pedido, como el nombre de los pacientes y las enfermedades de las que
habían sido tratados. En conclusión, nunca jamás nadie se había preocupado de recopilar
y organizar los datos de cuántos euros gastaba el Gobierno de Navarra en indemnizaciones
a ciudadanos perjudicados por sus actuaciones. No soy muy optimista sobre que
en la actualidad haya mejorado mucho la cosa. Para cuando recibí la información,
la legislatura estaba casi concluida y mis conciudadanos tuvieron el buen
criterio de no reelegirme en las siguientes elecciones, no tuve oportunidad de
hacer nada más.
Así
que a mí no me sorprende nada cierto desbarajuste sobre los datos de muertes
por el coronavirus teniendo cuenta que hay veinte administraciones implicadas, el
Estado, 17 comunidades y 2 ciudades autónomas. ¿Sería exigible una mayor eficacia?
Sí, por supuesto. Pero ya he escrito antes que desde 1978 hemos llevado a cabo
una descentralización que ha desembocado en la creación de 17 comunidades autónomas
a base de transferir competencias que antes eran del Estado y en dejar al aparato
del Estado anteriormente centralizado y unitario con unas cuantas menos de las
que solía ejercer, pero hemos dejado siempre pendiente la tarea de organizar un
sistema verdaderamente autonómico, con un Estado central que haga de
coordinador y unas comunidades acostumbradas a la cooperación vertical y horizontal,
algo a lo que suelen estar habituados los estados federales pero que a nosotros
nos cuesta mucho organizar. Y ahí es donde, hace tiempo, se debería haber
llegado a unas normas comunes sobre estadísticas sanitarias que resultaran
útiles en una situación como la actual.
Esa es
la conspiración que sí necesitaríamos y que tampoco existe: la de hacer las
cosas bien.
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