No
sé si en unas pocas horas o en unos pocos días se dará aplicación al art. 155 de la Constitución española
y, en contra de lo que manifiesta casi todo el mundo, no me preocupa mucho si
se aplica o no. Aclararé que, en mi opinión, lo deseable sería que no hubiera
ni declaración unilateral de independencia de Cataluña ni aplicación del art. 155.
Pero incluso quienes se manifiestan en este sentido asumen que ambas cosas van
unidas; si se produce la declaración unilateral, es inevitable aplicar el art. 155;
e incluso los independentistas afirman que, si se aplica el art. 155, procederán
a la declaración de independencia con todos sus efectos.
Lo
que realmente me preocupa es qué se pretende con la aplicación del art. 155, es
decir, qué concretas medidas se adoptarían y, lo que es más importante, cuál es
la estrategia que tiene diseñada el Gobierno de España para solucionar el
problema catalán. Me temo que tal estrategia es ninguna. Afirmar el imperio de
la ley, la vuelta a la legalidad, la primacía de la Constitución, no
constituyen sino lemas vacíos desprovistos de una propuesta política. A los políticos,
empezando por Mariano Rajoy, no les pagamos para que respeten y apliquen la
ley. Eso se da por supuesto, en los políticos y en todos los demás ciudadanos.
Lo que se espera es que hagan política, es decir, que tomen medidas para
resolver los problemas y para satisfacer las necesidades de la ciudadanía, y
que incluso promuevan la modificación de las leyes cuando se revelen
inadecuadas a esos fines.
En
una crisis de Estado, en una crisis constitucional como la que vive España
desde hace unos años, proclamar que hay que cumplir las leyes a todas horas no
basta, pero de momento es lo único que vienen haciendo el Gobierno de Rajoy y
el PP. Incluso cuando invocan el art. 155 no precisan ni explican qué medidas
contemplan ni con qué finalidades. Los rumores dicen que, quizás, se convoquen
nuevas elecciones en Cataluña. ¿Qué espera el Gobierno de esas elecciones? ¿Qué
los independentistas queden en minoría? Es más que dudoso, pero debieran
aclararlo, y aclarar también qué alternativa de Gobierno autonómico se espera
que salga adelante. Tampoco estaría de más que tuvieran preparada alguna
alternativa para el caso de que se repitiera la mayoría independentista en el
Parlamento de Cataluña. ¿Qué haría entonces el PP? ¿Le ofrecería diálogo? ¿Con
qué propuestas? ¿O volvería a disolver el Parlamento?
Después
de bloquear durante décadas una reforma constitucional que contemple, entre
otras cosas, la regulación del modelo territorial (la que se contiene en la Constitución de 1978
está más que agotada y es insuficiente para resolver los problemas del presente
y garantizar un buen funcionamiento del Estado), el PP ahora se abre a alguna
reforma, pero no aclara en qué sentido. ¿Qué modelo territorial ofrece?
¿Unitario, autonómico, federal? ¿Más descentralizado, menos descentralizado?
¿Simétrico, asimétrico? ¿Con alguna particularidad para Cataluña? ¿Despojando a
las comunidades autónomas de sus competencias en educación? ¿Prohibiendo a los
partidos independentistas? ¿Con qué diseño de la cooficialidad de lenguas? ¿Con
posibilidad de que las comunidades autónomas consulten a sus ciudadanos en
materia de su competencia? ¿Está dispuesto a reformar el Estatuto de Cataluña?
¿En qué sentido? ¿Qué plazos tendría una reforma constitucional? ¿Seguiría el
procedimiento de reforma total o el de reforma parcial? ¿Con referéndum o sin
referéndum? ¿Con quién estaría dispuesto a pactarla? Un denso misterio rodea cuáles
son las propuestas de Mariano Rajoy en todas estas materias, si es que las tiene, cuál sería el
contenido del diálogo que afirma que está abierto no se sabe con quién.
Que
la postura de los independentistas catalanes sea irresponsable, infantil y se
encuentre fuera de la
Constitución no dispensa de la obligación de ofrecer
alternativas serias y concretas desde el Estado. Sí, nuestro mundo es muy complejo, la política
se ha vuelto muy difícil, nadie comprende del todo los problemas que nos
aquejan, nadie tiene soluciones fáciles, vivimos en constante perplejidad. Pero
el remedio no puede ser refugiarse en recetas falsas pero sencillas de
explicar, en lemas vacíos pero que la gente entienda, en consignas que apelen a
las emociones más viscerales (patria, bandera, nosotros), en grandes palabras y
escasos proyectos concretos. Y mucho menos en descripciones exageradas y apocalípticas de nuestra realidad; no, en Cataluña no se ha producido un golpe de Estado; no, en Cataluña no se ha declarado el estado de excepción; no, en Cataluña no ha habido un mandato democrático con todas las garantías para proclamar la independencia; no, los Mozos de Escuadra no están en estado de sedición; no, a nadie se apalea por hablar catalán o por hablar castellano; no, en España no hay presos políticos en el sentido de personas encarceladas solo por sus ideas (aunque es obvio que ni la Justicia es del todo independiente ni algunos jueces tienen la menor idea de qué significa proporcionalidad).
Creo
que el debate real no es art. 155 sí o no, sino art. 155 para qué.
