lunes, 29 de enero de 2018

Mal derecho



Un conocido aforismo del derecho norteamericano dice que “hard cases make bad law”, los casos difíciles hacen mal derecho. La expresión proviene del famoso juez del Tribunal Supremo Oliver Wendell Holmes, que lo explicaba así: “Los grandes casos, igual que los casos difíciles, producen mal derecho. Porque a los grandes casos se los califica como grandes no en razón de su verdadera importancia para dar forma al derecho del futuro sino por alguna circunstancia accidental o algún interés apremiante que apela a los sentimientos y distorsiona el juicio. Estos intereses apremiantes ejercen una especie de presión hidráulica que hace que lo que antes estaba claro parezca ahora dudoso, por causa de la cual incluso principios de derecho bien establecidos acaban cediendo”.

En nuestro país ha habido, en los últimos años, casos difíciles muy conocidos capaces de generar ese mal derecho. Fueron casos donde la aplicación del derecho no daba los resultados pretendidos por el poder y, por eso, se retorcieron las leyes y los principios jurídicos todo lo que hizo falta. Casos que dieron lugar a la doctrina Parot, la doctrina Botín, la doctrina Atutxa, en el primero y el último de ellos hubo de intervenir el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo para paliar los desastrosos efectos producidos.

Supongo que en todas partes cuecen habas pero, por mi experiencia, creo que en España, en particular, hay muy poca cultura de respeto a la ley. No sé si es efecto de la tradición reflejada en la literatura picaresca o de la tardía y escasa cultura democrática derivada de nuestra azarosa historia política, pero gobernantes y gobernados suelen coincidir en contemplar el cumplimiento de las leyes como una pejiguera. El reciente “no nos metamos en eso” del presidente Rajoy para escaquearse de su obligación expresamente reflejada en la Constitución y en las leyes de perseguir la discriminación salarial entre hombres y mujeres es una diáfana declaración de principios.

El que las leyes vigentes no permitan a los partidos independentistas catalanes cumplir sus objetivos les llevó hace pocos meses a ponérselas por montera para organizar un referéndum ilegal y aprobar una independencia inconstitucional. La reacción contra tales hechos, en la mejor tradición española, se pasa de frenada y los líderes independentistas son acusados, y algunos encarcelados, de una rebelión violenta que solo existió en la imaginación de los acusadores (otra cosa son los delitos de prevaricación y desobediencia que probablemente sí se han cometido, pero que no conllevan penas de prisión sino de inhabilitación).

El último episodio, de momento, de esta lamentable historia es el auto dictado el 27 de enero por el Tribunal Constitucional. Viene provocado por un recurso que nunca se debió interponer por el Gobierno, que lo hizo con un dictamen del Consejo de Estado en contra, pero que responde al tradicional propósito de instrumentalizar las instituciones y retorcer el derecho todo lo que haga falta para obtener los resultados políticos deseados. Como las posibilidades de que el Tribunal Constitucional inadmitiera el recurso eran muy altas (así lo propusieron sus letrados y el magistrado ponente) los miembros del Gobierno se dedicaron a telefonear a algunos miembros del Tribunal Constitucional, según nos dice la prensa, no para presionarles (¡¿?!) sino para advertirles de lo grave que sería que se inadmitiera el recurso con el resultado de que no se suspendiera la sesión de investidura de Puigdemont (un ciudadano al que, de momento, ninguna resolución judicial ha privado de sus derechos políticos). A los magistrados del Tribunal Constitucional les tembló el pulso y en lugar de una de las dos decisiones que la Constitución y su Ley Orgánica les impone, admitir o no admitir a trámite el recurso, decidieron, sin duda impelidos por la presión hidráulica del juez Holmes, adoptar otra decisión distinta no prevista por el ordenamiento jurídico, un caso típico de imaginación e ingeniería jurídicas para salir del paso. Se difiere la decisión sobre la admisión inventando un trámite de audiencia de las partes y, mientras tanto, se adopta una medida cautelar que, en contra de lo que dicta la ley, no ha pedido ninguna de las partes y que no consiste en suspender el acto impugnado (lo que requeriría haber admitido a trámite el recurso, que no se ha hecho) sino en dictar instrucciones al Parlamento de Cataluña y al candidato sobre cómo ha de realizarse la sesión de investidura. Las condiciones de esa investidura, al menos, sí que se ajustan a la ley y ya habían sido señaladas por los letrados del Parlamento de Cataluña (ha de ser presencial, no vale a distancia, telemáticamente o por delegación), pero el Tribunal Constitucional no está habilitado por la ley para dictar instrucciones sobre hechos futuros, y mucho menos dictar anticipadamente la suspensión o la nulidad de actos que todavía no se han producido. El Tribunal Constitucional no ha interpretado y aplicado la Constitución, que es su misión, sino que ha innovado el ordenamiento jurídico para autoatribuirse potestades que nadie le ha concedido. Aparenta no admitir todavía el recurso, pero de hecho entra ya a resolver las cuestiones de fondo planteadas.

Claro está que la circunstancia de que todo este conflicto político se resuelva a base de mal derecho, de dar patadas al ordenamiento jurídico, preocupa muy poco y preocupa a muy pocos. Lo importante, en uno u otro bando, es ganar como sea. A por ellos.

martes, 5 de diciembre de 2017

Hemingway en Pamplona en 1929

El otro día desmentía aquí uno de los errores que contiene la exposición "Recuperando a Hemingway" que está instalada en la plaza del Castillo de Pamplona. Un error muy difundido, hay que decir como atenuante de sus responsables. Pero no es el único. En la misma muestra se reproduce una fotografía inédita (al menos yo, hasta ahora, la desconocía) donde se puede ver a Hemingway en torno a una mesa acompañado de otras personas a las que no se identifica, y se asegura que está tomada en los sanfermines de 1925.


En realidad, la fotografía tiene que ser del año 1929. El individuo que está a la izquierda de Hemingway, con corbata, es Guy Hickok, corresponsal en París del Brooklyn Daily Eagle, uno de los periódicos de mayor tirada de Estados Unidos por aquel entonces. Acompañó a Hemingway en su visita a los sanfermines de 1929, y escribió una serie de catorce crónicas sobre las fiestas que se publicaron en su periódico (de las cuales escribí aquí).


domingo, 3 de diciembre de 2017

La falsa película de Man Ray en Pamplona

En estos días de inicios de diciembre de 2017 el Ayuntamiento de Pamplona ha organizado una serie de actividades bajo el título de “Recuperando a Hemingway” que incluye, además de conferencias y proyección de películas, la colocación en la plaza del Castillo de una exposición de paneles y fotografías. Se presta especial atención al famoso fotógrafo Man Ray, del cual se dice que estuvo en Pamplona en 1929 donde filmó una película titulada “Corrida”.

Gracias a esta iniciativa municipal he conocido esa película de Man Ray, un primitivo cortometraje en blanco en negro que muestra el desarrollo de una corrida de toros. Se puede ver en internet: http://youtu.be/Y-jg6RWv7Jo 

Por lo que he podido comprobar, la mayoría de quienes se refieren a esta película consideran que está rodada en Pamplona, aunque otros dicen que se trata de una plaza de toros francesa no identificada. Tras visionarla detenidamente he sacado la conclusión de que no puede ser la plaza de toros de Pamplona. Todas las plazas de toros se parecen, pero hay algunos detalles que las distinguen a unas de otras, principalmente cómo están rematados los tendidos y las gradas altas. En el cortometraje de Man Ray se observa que la plaza tiene dos gradas, la superior adornada con arcos de medio punto, y en ambas hay unas barandillas metálicas. Si observamos fotografías de la plaza de toros de Pamplona inaugurada en 1922, que es la actual aunque la grada superior fue sustituida en 1967 por la andanada que hoy conocemos, vemos que las barandillas son de hormigón y que la superior no está rematada por arcos.



Comparando con fotografías de otras plazas, la plaza de toros del cortometraje se parece a la antigua de Madrid, situada en la carretera de Aragón, donde ahora está el Palacio de Deportes de la Comunidad de Madrid de la calle Goya, que fue construida en 1874 y demolida en 1934, después de que se inaugurara la actual de Las Ventas.


Corrijo la redacción anterior para señalar, a la luz de un comentario recibido en este blog, que también podría tratarse de la antigua plaza de toros de San Sebastián, conocida como El Chofre, construida en 1903 y derribada en 1973, y que guarda muchas semejanzas con la de Madrid.



Dado que el único indicio de que Man Ray visitó Pamplona en 1929 es este cortometraje, me temo que esa supuesta visita probablemente no existió… 

martes, 28 de noviembre de 2017

Medallas e historia



Las medallas y otros premios honoríficos que conceden las instituciones, públicas o privadas, suelen ser utilizadas muy habitualmente para recompensar a “uno de los nuestros” de los otorgantes. El galardón, de alguna manera, se concede ad maiorem gloriam de los intereses de quien lo concede. Pero es lógico. A la hora de encontrar méritos relevantes que merezcan ser reconocidos cada cual suele encontrarlos entre los suyos, los que comparten valores, principios, visión de la realidad y proyectos. A los que no son de los nuestros les encontramos principalmente deméritos.

Esto ha venido siendo así, entre otros muchos casos, con la Medalla de Oro de Navarra. El ejecutivo foral de turno, primero la Diputación Foral y luego el Gobierno de Navarra, la ha venido concediendo a personas próximas en lo ideológico o, cuando menos, no contrarias a las ideas de quienes mandaban. La primera se concedió a Franco en 1974, al tiempo que se le nombraba hijo adoptivo de Navarra, por la última corporación franquista. Luego se ha ido premiando por compromiso institucional (Juan Pablo II, Juan Carlos I, Juan de Borbón, Jorge Oteiza, Volkswagen) y para reconocer méritos que encajaban bien, sobre todo, en el imaginario fuerista-conservador propio de UPN que ha gobernado durante más años y ha concedido la mayoría de las medallas: Diario de Navarra, Universidad de Navarra, Cáritas, misioneros navarros, víctimas del terrorismo, empresarios y sindicatos, centros navarros en América, asociaciones jacobeas, salesianos… Ojo, no digo que esas personas e instituciones no merecieran el reconocimiento, simplemente que los criterios de selección estaban claramente escorados. Por otro lado, la concesión de esta medalla se ha aprovechado también para reconocer instituciones sin sesgo político que cumplían aniversarios (el Orfeón Pamplonés, la UPNA, Donantes de Sangre, etc.) o personas también políticamente neutras con méritos y proyección social indiscutibles (Induráin, Hermoso de Mendoza, etc.).

El cambio de 2015 supuso que el nuevo ejecutivo optara por reconocer a personas más próximas al universo mental del nacionalismo vasco y que, en la época anterior, difícilmente hubieran sido premiadas. José María Jimeno Jurío y Pedro Miguel Echenique fueron galardonados los dos primeros años, también en ambos casos personas con méritos sobrados. El problema ha surgido al tercer año, cuando se ha concedido a título póstumo (muy, muy póstumo, hay que precisar) a Arturo Campión, Hermilio de Olóriz y Julio Altadill, por su aportación a la historia, la cultura y la identidad de la Comunidad Foral y, principalmente, por ser los diseñadores de la bandera de Navarra. Sorprende lo tardío del reconocimiento. El diseño de la bandera tuvo lugar hace 107 años. El último en fallecer de los tres, Campión, lo hizo hace 80 años. Solo se explica la concesión de esta medalla si se tiene en cuenta que los tres son ilustres figuras del fuerismo de entresiglos, caracterizado por un vasquismo que entonces compartían la mayoría de las fuerzas políticas navarras pero que luego fue rechazado por el regionalismo navarrista y apropiado por el nacionalismo vasco. Tres “de los nuestros”, podríamos decir. Y que diseñaran la bandera de Navarra tiene su aquel. Ante el intento de apropiación de esta por el navarrismo, manifestación de 3 de junio pasado, el ejecutivo foral quiere reclamar también su participación no solo en la titularidad y el uso sino incluso en el origen del símbolo. Envido más.

El problema es que otras fuerzas políticas se dan cuenta de la jugada y echan un órdago. No hay más que copiar el precedente de 2014. Entonces el ejecutivo formado por UPN concedió la medalla a Félix Huarte Goñi y Miguel Javier Urmeneta Ajarnaute, también a título muy póstumo, invocando el medio siglo cumplido por el plan de industrialización de Navarra que promovieron. Creyeron que la presencia de Urmeneta, un personaje muy atípico, voluntario requeté, militar, expedicionario con la División Azul, alcalde con el franquismo, demócrata en la Transición, bien apreciado por el nacionalismo vasco por su vasquismo, justificaría el reconocimiento a Félix Huarte, un personaje mucho más estrechamente vinculado al franquismo. Tampoco coló la maniobra, el Parlamento de Navarra, con el voto a favor de PSN, Bildu, NaBai, Geroa Bai e I-E, y el voto contrario de UPN y PPN, se pronunció contra la concesión de la medalla. La mayoría de los grupos contrarios a su concesión no asistieron al acto de entrega.

La historia se repite ahora. El Parlamento de Navarra, con los votos de UPN, PSN, PPN e I-E, rechaza la concesión de la medalla a Campión, Olóriz y Altadill, mientras que Geroa Bai, Bildu y Podemos votan en contra. Los grupos contrarios a la concesión anuncian que no irán al acto de entrega de la medalla.

En ambas ocasiones, en 2014 y en 2017, se manejan criterios parecidos, aunque curiosamente algunas fuerzas políticas en una ocasión defienden lo que en la otra criticaron, y critican a los que ahora defienden lo que ellos mismos hicieron. De fondo, el eterno tema de la historia. ¿Se pueden hacer juicios sobre personas que vivieron hace muchos años, en otras circunstancias históricas, desde el presente, desde otros parámetros políticos y sociales? La respuesta, en mi opinión, es que se puede y se debe, pero que se debe hacer desde la historia como disciplina científica, en un ámbito académico, con rigor, con cuidado, con mesura, con desapasionamiento. No se debe hacer desde la política. Desde la política no se hacen juicios históricos sino juicios políticos que suelen ser siempre favorables a “los nuestros”. Les perdonamos sus errores, incluso sus crímenes, atendiendo a que su época era así. Ensalzamos sus aciertos, sus logros, sus enseñanzas, interpretándolas siempre desde la perspectiva más favorable para los tiempos presentes. A “los otros”, a los del enemigo, juzgamos de igual manera pero a la inversa. Destacamos sus errores, que más que errores son crímenes, y minusvaloramos sus méritos. La política es sectaria, sobre todo porque los seres humanos somos, en general, muy sectarios.

Tanto el ejecutivo de 2014 como el de 2017 se quejan de lo mismo. Que se manipula políticamente la concesión de la medalla, que no se puede enjuiciar desde el presente a los premiados. Obvian el hecho de que los primeros que han tratado de utilizar la figura de los premiados han sido ellos, los concedentes de las medallas. Han sido los primeros que han hecho un juicio desde el presente, favorable, por supuesto. Luego se sorprenden de los efectos que tiene su decisión, debates exagerados que no llevan a ninguna parte, manipulación de la historia, tiempo dedicado a hablar del pasado cuando debiéramos estar hablando de los problemas del presente. Y sí, bastante de ello hay, pero, como reza un aforismo jurídico, quien es causa de la causa es causante del mal causado.

Mejor que dejemos a los muertos en paz. Las medallas, los premios, los reconocimientos, los elogios, mejor en vida.

jueves, 2 de noviembre de 2017

Sobreactuar



Dice el Diccionario de la RAE que sobreactuar, además de “realizar una interpretación exagerada” cuando es dicho de un actor o de una actriz, también es “exagerar la expresión al actuar ante alguien”. Dado que la política, en buena medida, consiste en actuar ante el público, es frecuente en ella la sobreactuación. Más preocupante es que, en España, en los últimos años también se ha vuelto normal la sobreactuación en la Fiscalía y en la Justicia, aunque solamente en algún tipo de causas, las que tienen que ver con los nacionalismos periféricos (Dios nos libre de que afecte a la corrupción, los accidentes de trabajo o los delitos fiscales).

Ejemplos de la sobreactuación penal son el tartazo a la entonces presidenta de Navarra, Yolanda Barcina, en 2011. La Fiscalía pidió 6 años de prisión y finalmente se impusieron “solo” 2 años por atentado contra la autoridad. Estampar tartas en la cara de cualquiera es un hecho bastante feo, pero la pena parece un tanto excesiva, sobre todo si la comparamos con otros delitos y otras sentencias. Por ejemplo, hace poco unos policías han sido condenados a dos años de prisión por un delito de homicidio por imprudencia profesional. O recordemos el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981; algunos condenados lo fueron a uno o dos años de prisión.

Otro ejemplo reciente fue el de los titiriteros que el año pasado estuvieron en prisión durante cinco días acusados de  enaltecimiento del terrorismo y de atacar derechos y libertades públicas; finalmente la causa fue archivada. Y pendiente de juicio se halla el caso de los incidentes en Alsasua en 2016, donde varios acusados llevan casi un año de prisión preventiva y la Fiscalía pide 12 años y 6 meses por sendos delitos de lesiones terroristas por agresión a dos guardias civiles y sus  respectivas parejas (la suma hace 50 años para cada encausado) y otro tanto a un acusado por amenazas terroristas. La lesión más grave fue una fractura de tobillo que tardó en curar tres meses. Los hechos son condenables, pero la reacción del Estado es desmesurada. Hay asesinatos que en España se castigan con penas menores que las solicitadas para el caso de Alsasua.

Y, claro, si así están las cosas, no podíamos esperar contención en la causa de la independencia de Cataluña. Rebelión, sedición, prevaricación, malversación de fondos públicos, desobediencia… La Fiscalía fuerza el relato de los hechos, uno se pregunta dónde ha visto la violencia multitudinaria que se exige para la rebelión, el propio Tribunal Supremo al admitir la querella ya ha matizado que quizás solo haya que investigar una conspiración; y la jueza de la Audiencia Nacional que ha admitido otra querella se pasa por el arco del triunfo una resolución anterior que ya estableció que ese órgano no es competente para el delito de rebelión, pero aprovechando que el Llobregat pasa por Barcelona ha estimado preferible que el asunto se juzgue cerca del Manzanares.  Es posible que algunos de los políticos acusados hayan cometido algún delito (pienso yo que desobediencia es el más probable), pero encausarles por rebelión es otro caso claro de sobreactuación. Afortunadamente, lo que decide un órgano judicial es revisable por otro, y luego por otro y así sucesivamente hasta llegar a Estrasburgo, donde probablemente acabe todo esto dentro de unos años.

Y si la Fiscalía y la Justicia sobreactúan, pues algunos de los acusados también. Lo de montar un Gobierno de Cataluña en el exilio (o, mejor, medio Gobierno), con el presidente Puigdemont dando ruedas de prensa en Bruselas, incurre en la misma exageración. Claro está que la exageración viene siendo la norma en todo el procés y la reacción contra el mismo. Si unos acusan a los independentistas de dar un golpe de Estado, otros acusan a Rajoy al aplicar el artículo 155 de dar otro golpe de Estado, banalizando lo que es un verdadero golpe de Estado. La desproporcionada actuación policial del 1 de octubre se califica, desproporcionadamente, de estado de excepción. La manifiestamente mejorable democracia española se tacha de continuación de la dictadura franquista, la no menos mejorable autonomía catalana es una dictadura nacionalista donde se adoctrina a los niños en las escuelas, y entre unos y otros se hace normal intercambiar calificativos como fascista, nazi, golpista, antidemócrata, y de ahí hacia arriba.

En fin, que necesitaríamos mejores actores.

Post data. 17:43 h. En perfecta coherencia con lo anterior, la juez Lamela envía a ocho consejeros del Gobierno catalán a la cárcel. Esta mujer es un peligro.

jueves, 19 de octubre de 2017

Después del 155



No sé si en unas pocas horas o en unos pocos días se dará aplicación al art. 155 de la Constitución española y, en contra de lo que manifiesta casi todo el mundo, no me preocupa mucho si se aplica o no. Aclararé que, en mi opinión, lo deseable sería que no hubiera ni declaración unilateral de independencia de Cataluña ni aplicación del art. 155. Pero incluso quienes se manifiestan en este sentido asumen que ambas cosas van unidas; si se produce la declaración unilateral, es inevitable aplicar el art. 155; e incluso los independentistas afirman que, si se aplica el art. 155, procederán a la declaración de independencia con todos sus efectos.

Lo que realmente me preocupa es qué se pretende con la aplicación del art. 155, es decir, qué concretas medidas se adoptarían y, lo que es más importante, cuál es la estrategia que tiene diseñada el Gobierno de España para solucionar el problema catalán. Me temo que tal estrategia es ninguna. Afirmar el imperio de la ley, la vuelta a la legalidad, la primacía de la Constitución, no constituyen sino lemas vacíos desprovistos de una propuesta política. A los políticos, empezando por Mariano Rajoy, no les pagamos para que respeten y apliquen la ley. Eso se da por supuesto, en los políticos y en todos los demás ciudadanos. Lo que se espera es que hagan política, es decir, que tomen medidas para resolver los problemas y para satisfacer las necesidades de la ciudadanía, y que incluso promuevan la modificación de las leyes cuando se revelen inadecuadas a esos fines.

En una crisis de Estado, en una crisis constitucional como la que vive España desde hace unos años, proclamar que hay que cumplir las leyes a todas horas no basta, pero de momento es lo único que vienen haciendo el Gobierno de Rajoy y el PP. Incluso cuando invocan el art. 155 no precisan ni explican qué medidas contemplan ni con qué finalidades. Los rumores dicen que, quizás, se convoquen nuevas elecciones en Cataluña. ¿Qué espera el Gobierno de esas elecciones? ¿Qué los independentistas queden en minoría? Es más que dudoso, pero debieran aclararlo, y aclarar también qué alternativa de Gobierno autonómico se espera que salga adelante. Tampoco estaría de más que tuvieran preparada alguna alternativa para el caso de que se repitiera la mayoría independentista en el Parlamento de Cataluña. ¿Qué haría entonces el PP? ¿Le ofrecería diálogo? ¿Con qué propuestas? ¿O volvería a disolver el Parlamento?

Después de bloquear durante décadas una reforma constitucional que contemple, entre otras cosas, la regulación del modelo territorial (la que se contiene en la Constitución de 1978 está más que agotada y es insuficiente para resolver los problemas del presente y garantizar un buen funcionamiento del Estado), el PP ahora se abre a alguna reforma, pero no aclara en qué sentido. ¿Qué modelo territorial ofrece? ¿Unitario, autonómico, federal? ¿Más descentralizado, menos descentralizado? ¿Simétrico, asimétrico? ¿Con alguna particularidad para Cataluña? ¿Despojando a las comunidades autónomas de sus competencias en educación? ¿Prohibiendo a los partidos independentistas? ¿Con qué diseño de la cooficialidad de lenguas? ¿Con posibilidad de que las comunidades autónomas consulten a sus ciudadanos en materia de su competencia? ¿Está dispuesto a reformar el Estatuto de Cataluña? ¿En qué sentido? ¿Qué plazos tendría una reforma constitucional? ¿Seguiría el procedimiento de reforma total o el de reforma parcial? ¿Con referéndum o sin referéndum? ¿Con quién estaría dispuesto a pactarla? Un denso misterio rodea cuáles son las propuestas de Mariano Rajoy en todas estas materias, si es que las tiene, cuál sería el contenido del diálogo que afirma que está abierto no se sabe con quién.

Que la postura de los independentistas catalanes sea irresponsable, infantil y se encuentre fuera de la Constitución no dispensa de la obligación de ofrecer alternativas serias y concretas desde el Estado. Sí, nuestro mundo es muy complejo, la política se ha vuelto muy difícil, nadie comprende del todo los problemas que nos aquejan, nadie tiene soluciones fáciles, vivimos en constante perplejidad. Pero el remedio no puede ser refugiarse en recetas falsas pero sencillas de explicar, en lemas vacíos pero que la gente entienda, en consignas que apelen a las emociones más viscerales (patria, bandera, nosotros), en grandes palabras y escasos proyectos concretos. Y mucho menos en descripciones exageradas y apocalípticas de nuestra realidad; no, en Cataluña no se ha producido un golpe de Estado; no, en Cataluña no se ha declarado el estado de excepción; no, en Cataluña no ha habido un mandato democrático con todas las garantías para proclamar la independencia; no, los Mozos de Escuadra no están en estado de sedición; no, a nadie se apalea por hablar catalán o por hablar castellano; no, en España no hay presos políticos en el sentido de personas encarceladas solo por sus ideas (aunque es obvio que ni la Justicia es del todo independiente ni algunos jueces tienen la menor idea de qué significa proporcionalidad).

Creo que el debate real no es art. 155 sí o no, sino art. 155 para qué.

lunes, 25 de septiembre de 2017

Otra modesta proposición



En El País de hoy, 25 de septiembre de 2017 (día de San Fermín chiquito en Pamplona, día menos seis en la cuenta atrás para el referéndum o lo que sea catalán del 1-O) se publica un imaginativo artículo de John Carlin, uno de los mejores periodistas que escriben hoy en España (no sé si porque no es español), titulado “Una modesta proposición”. En resumen, lo que propone es que Cataluña, en lugar de independizarse, se incorpore al Reino Unido o, según como cada quien lo quiera ver, incorporar el Reino Unido a Cataluña, matando de un tiro los dos grandes problemas europeos, el Brexit y el Catexit.

Creo que todo lo que sea proponer alternativas a la situación actual, de choque de trenes y de bloqueo del diálogo, es positivo. Por eso voy a proponer otra. Si los británicos estuvieran implicados en el problema catalán, si se les llamara para intervenir en el procès, seguramente no apostarían por la incorporación de Cataluña sino que harían otra propuesta más en consonancia con su historia, que es la que me voy a atrever a adelantar aquí. La partición de Cataluña.

La técnica de la partición ha sido empleada por el Reino Unido varias veces para resolver conflictos territoriales. En 1920, ante la desavenencia entre republicanos y unionistas, dividieron a Irlanda en dos, Irlanda del Norte e Irlanda del Sur, esta pronto, al obtener la independencia, sería denominada Irlanda a secas. En 1947, para resolver los conflictos entre hindúes y musulmanes, dividieron la India en dos, la Unión India, de mayoría hindú, y Pakistán, de mayoría musulmana, y les otorgaron la independencia separada. En 1948, con aval de la ONU, para resolver el enfrentamiento entre árabes y judíos, dividieron Palestina en dos estados, uno judío (Israel) y otro árabe (que nunca ha acabado de constituirse, aunque desde 1994 existe una Autoridad Nacional Palestina de dudosa naturaleza).

Igualmente, dado que los catalanes están divididos casi por la mitad entre independentistas y no independentistas, lo más razonable es la partición del territorio siguiendo el criterio de otorgar a cada parte las zonas donde constituyan mayoría. Así, tomando como base las elecciones plebiscitarias del 27 de septiembre de 2015 (véase mapa), a los no independentistas (o sea, a España) les correspondería la franja costera de las provincias de Barcelona y Tarragona y algunas comarcas leridanas, entre ellas la capital y el valle de Arán (la familia Borbón podría seguir yendo a esquiar a Baqueira-Beret); a los independentistas les tocaría el resto. Esta segunda zona, que podría tomar como capital Gerona, decidiría si se independiza o se integra en el Reino Unido, como propone Carlin. La Cataluña española quedaría mayormente aislada del resto del territorio español, pero podría pactarse algo para que el AVE y la A-2 tengan un estatus de extraterritorialidad, o de soberanía compartida, para asegurar las comunicaciones. Y en caso de no alcanzarse el acuerdo siempre quedaría el puente aéreo…