Puigdemont, Girauta e Israel

A algunos ha provocado sorpresa y escándalo que Carles Puigdemont, líder de Junts per Catalunya, y Juan Carlos Girauta, portavoz de Ciudadanos en el Congreso, hayan coincidido en sendos tuits en alabar y celebrar el 70 aniversario de la proclamación del Estado de Israel. Aparentemente, no caben dos formaciones políticas más contrapuestas y enfrentadas que las dos que representan los susodichos.

Pero la cosa tiene bastante lógica. Todo nacionalismo necesita de otro u otros nacionalismos opuestos a los que combatir y con cuyo discurso se retroalimenta. Pero, en el fondo, nada más parecido a un nacionalismo que otro nacionalismo, aunque sea su enemigo. Comparten las creencias básicas: la nación (aunque no sea la misma y, por ello, o se impone una o se impone la otra), la soberanía, la unidad de destino, de cultura, de lengua. El nacionalismo catalán de JxCat y el nacionalismo español de Cs se necesitan y comparten más de lo que suponen. Incluyendo sus simpatías por el sionismo, en lo que coinciden con muchos otros nacionalismos.

El historiador británico Adrian Hastings (La construcción de las nacionalidades. Etnicidad, religión y nacionalismo, 2000) ya explicó que la teoría del nacionalismo se elabora en el Occidente cristiano tomando como ejemplo al pueblo israelita del Antiguo Testamento, "un modelo evolucionado de lo que significa ser una nación: una unidad de personas, idioma, religión, territorio y gobierno". El modelo de nación que ofrece la Biblia se difunde gracias a sus traducciones, ya que el cristianismo, careciendo de una lengua sagrada, vierte las Escrituras primero del hebreo y arameo al griego, luego al latín, y después, sobre todo tras la Reforma protestante, a todas las lenguas vernáculas. Cada nación -a quien Dios, como en el suceso de Pentecostés, habla en su propia lengua- se identifica a sí misma como el pueblo elegido e interpreta su pasado como una historia de salvación. Las iglesias estatales autocefálicas y el clero, depositario de la cultura y difusor de las traducciones de la Biblia, son factores decisivos en la Edad Moderna para la creación de las identidades colectivas que desembocarán en los diversos nacionalismos de los siglos XIX y XX.

Curiosamente, esas ideas nacionalistas inspiradas por el pueblo judío de la Antiguedad bíblica son recogidas también por la comunidad judía de fines del siglo XIX, una comunidad que presenta la particularidad de no estar asentada en un país determinado sino enormemente dispersa por todo el mundo y, por eso, una de sus principales preocupaciones será disponer de un territorio propio sobre el que edificar su nación soberana. No extraña que optara por la reconquista de la misma Tierra Prometida del Antiguo Testamento, Palestina... pasando por alto el pequeño detalle de que esa tierra había tenido durante siglos –además de una pequeña minoría judía- otros habitantes: los palestinos.

El sionismo tiene como fin último constituir una comunidad política ligada por lazos de sangre –los descendientes de las doce tribus de Israel-, religión y lengua, pura, exclusiva y excluyente, un "nosotros" que oponer a los "otros", los árabes, los gentiles, los extraños, los filisteos; un "nosotros" poseedor de la verdad y de la razón al ser el pueblo elegido. Un grupo humano que por haber sido víctima de innumerables abusos a lo largo de la historia hace del victimismo –derivar de su sufrimiento pasado supuestos derechos que esgrimir en contra del resto del mundo- una de sus armas preferidas, hasta el punto de poder convertirse también en verdugo y opresor sin el más mínimo remordimiento. El sionismo aprovechó la coyuntura favorable que se presenta al finalizar la IIª Guerra Mundial, los horrores del Holocausto y el deseo de los vencedores de deshacerse del problema de los refugiados judíos, para realizar su proyecto.

Algunos nacionalismos del siglo XXI ya no necesitan inspirarse en el pueblo judío de tiempos bíblicos; se inspiran en el nacionalismo sionista, un nacionalismo moderno y triunfante. Y que muestra la peor cara de los nacionalismos.

 Fotografía: AFP. Manifestación de palestinos en la frontera de Gaza, reprimida por las tropas israelíes.

Unamuno

No sé si es bueno que la historia sea objeto de titulares en la prensa. La historia, como ciencia, debe acercarnos al conocimiento de los hechos sucedidos en el pasado y ayudarnos a su interpretación. La prensa, en teoría, nos debe acercar al conocimiento de los hechos del presente, pero con frecuencia a lo que se dedica es a la propaganda política, en un sentido o en otro, o a fabricar titulares cuanto más escandalosos y llamativos, mejor, al margen de su ajuste a la realidad.

Digo esto por el debate que ha montado estos días el otrora prestigioso periódico El País a cuenta de los hechos protagonizados por Miguel de Unamuno el 12 de octubre de 1936, donde se enfrentó al general Millán Astray y que supuso su ruptura con el recién instaurado régimen franquista y su ostracismo. La polémica se inicia con un titular muy llamativo: “Lo que Unamuno nunca le dijo a Millán Astray”. Sergio Molina, un historiador salmantino, considera que los hechos de aquel día se han exagerado, que se trató de “un acto brutalmente banal, donde se dieron cuatro voces y se despidieron a la salida”. Otros historiadores consideran que, aunque no se conozcan las palabras exactas de los discursos pronunciados ese día y se hayan difundidos versiones muy literarias de ellos, el enfrentamiento existió y tuvo bastante calado, lo que da lugar a otro titular igualmente altisonante: “Miguel de Unamuno vence: el mito se mantiene en pie”.

Por lo que he visto, nadie cita lo que hoy llamamos Boletín Oficial del Estado, que en aquellos azarosos días tenía dos ediciones bien distintas, una impresa en Madrid  por el Gobierno de la República (Gaceta de Madrid) y la otra en Burgos por los sublevados (Boletín Oficial de la Junta de Defensa Nacional de España). Creo que da algunas pistas sobre esta historia de cómo el republicano Miguel de Unamuno pasó de apoyar el alzamiento militar de julio de 1936 a enfrentarse a sus promotores y a ser proscrito de la vida oficial.

El 23 de agosto de 1936 se publica en la Gaceta de Madrid el cese de Unamuno como rector vitalicio de la Universidad de Salamanca. Se trasluce en la exposición de motivos del decreto el dolor de los gobernantes ante lo que interpretan como una traición a la República. El 4 de septiembre siguiente se publica en el Boletín Oficial de la Junta de Defensa Nacional de España otro decreto en sentido opuesto, confirmando a Unamuno como rector. De su texto se deduce el alborozo de los sublevados por haber conseguido el apoyo de tan prestigioso intelectual. El 28 de octubre un nuevo decreto firmado por Franco le destituye definitivamente como rector. La ausencia de motivación expresa, mejor que cualquier texto, indica la afrenta que provocaron las palabras de Unamuno en el acto del 12 de octubre.

 

 

Desarrollo sostenible

El próximo 26 de mayo se disputará la final de la Liga de Campeones de la UEFA, más conocida como la Champions, entre el Liverpool y el Real Madrid. El partido se jugará en Kiev, capital de Ucrania, que está, a vuelo de pájaro, a más de 2.000 kilómetros de Liverpool y a casi 3.000 de Madrid. Quiere decir eso que más de 50.000 personas (el estadio tiene 63.000 localidades) viajarán varios miles de kilómetros para presenciar la final, lo que obviamente supondrá un gasto de energía en los medios de transporte que utilicen y un impacto en las emisiones de contaminantes a la atmósfera.

A uno se le ocurre que se ahorraría bastante en tiempo, dinero, energía y contaminantes si, en lugar de irse hasta Kiev, los dos equipos y las dos aficiones se dieran cita, bien en una de las dos ciudades cuyo equipo juega la final, bien por mor de disponer de campo neutral en una ciudad más o menos equidistante y a medio camino de los 1.500 kilómetros que hay entre esas dos ciudades. Qué sé yo, París, Nantes, Tours...

Este despilfarro se repite cada doce meses. El año pasado el Real Madrid y la Juventus se fueron a Cardiff, como si Toulouse no estuviera a medio camino de Turín y Madrid; hace dos años fue peor, Real Madrid y Atlético de Madrid, que como todo el mundo sabe residen en la misma ciudad, se fueron hasta Milán (hace cuatro años los mismos dos equipos viajaron sin ninguna necesidad hasta Lisboa). Y así siempre, y no quiero ni pensar cuántos acontecimientos similares a la Champions se celebran por todo el mundo.

Vale, ya sabemos que la Champions es un negocio, que la UEFA es una empresa que fabrica espectáculo y quiere ganar dinero y que tiene que contentar a los accionistas repartiendo el espectáculo y el dinero un año en un país, otro año en otro. Pero digo yo que las autoridades, tanto de la Unión Europea como de los países miembros de la UEFA, algo tendrían que decir ante esta prescindible peregrinación anual de miles de aficionados y el despilfarro de recursos económicos que supone. Ya sabemos que el mercado, dejado en libertad, no atiende a criterios de desarrollo sostenible sino de beneficio a corto plazo y si se hunde el mundo, que se hunda (a ello vamos de forma acelerada). Pero dada la matraca que nos dan nuestros gobernantes con lo de la sostenibilidad y la ecología, deberían tomar cartas en el asunto.

Necesitamos jueces bizantinos

Confieso que no soy especialista en derecho penal, así que no me gusta opinar sobre esos casos que conmocionan a la opinión pública y en los que es difícil saber donde se hallan los límites de la justicia, la ley y la venganza. Todo el mundo clama justicia, pero unos suelen entender por tal la aplicación de la ley (no es lo mismo) y otros que se imponga el máximo castigo (que tampoco es lo mismo). Me resulta muy difícil decidir si en un caso de homicidio o asesinato, en el que obviamente nunca se hará justicia porque no se puede devolver la vida injustamente arrebatada ni eliminar el dolor que se ha causado a los familiares y amigos de la víctima, es más justo que el culpable esté quince, veinte o veinticinco años en la cárcel. Entiendo que quien esté afectado directamente por el delito pida cuanto más, mejor, pero dudo que eso sea siempre justicia. Entiendo que el condenado y sus familiares crean que cualquier condena es excesiva y, por ello, injusta y cruel.

Pero, en fin, llevado por la curiosidad hoy me he leído algunos artículos del Código Penal. Lo he hecho, claro, ante la Sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra en el juicio a "la Manada". En este caso, tampoco sé si los nueve años que les han caído son justos y si serían más justos los veintitantos que pedían las acusaciones. Prefiero dejar en manos de los jueces una decisión tan difícil.

Pero lo que si me ha llamado la atención, y me ha alarmado mucho, es leer los artículos 178 y 181 del Código Penal. Llueve sobre mojado, porque hace poco también me he alarmado mucho con el artículo 573, el que permite castigar cualquier cosa como terrorismo (sí, fue a consecuencia del juicio de Alsasua que estos días se celebra en la Audiencia Nacional). A falta de justicia, uno se consuela pensando que al menos se aplica la ley. Pero cuando la ley resulta tan deficiente que abre el camino a la arbitrariedad, uno se teme lo peor, aplicar la ley puede no ser una torpe aproximación a la justicia sino entronizar directamente la injusticia.

Dice el art. 178 del CP: "El que atentare contra la libertad sexual de otra persona, utilizando violencia o intimidación, será castigado como responsable de agresión sexual con la pena de prisión de uno a cinco años". Clarito. Violencia o intimidación = agresión sexual.

Y dice el art. 181.1: "El que, sin violencia o intimidación y sin que medie consentimiento, realizare actos que atenten contra la libertad o indemnidad sexual de otra persona, será castigado, como responsable de abuso sexual, con la pena de prisión de uno a tres años o multa de dieciocho a veinticuatro meses". También queda claro. Sin violencia o intimidación = abuso sexual. 

El art. 182.2 también nos deja claro cuándo hay abuso sexual, es decir, no hay consentimiento, pero tampoco violencia o intimidación: "A los efectos del apartado anterior, se consideran abusos sexuales no consentidos los que se ejecuten sobre personas que se hallen privadas de sentido o de cuyo trastorno mental se abusare, así como los que se cometan anulando la voluntad de la víctima mediante el uso de fármacos, drogas o cualquier otra sustancia natural o química idónea a tal efecto".

Pero entonces llegamos al art. 183.3 (sí, el que ha aplicado la Audiencia Provincial de Navarra): "La misma pena se impondrá cuando el consentimiento se obtenga prevaliéndose el responsable de una situación de superioridad manifiesta que coarte la libertad de la víctima". Es decir, que hay "consentimiento", pero logrado coartando la libertad de la víctima. A esto yo lo llamo ausencia de consentimiento, porque el consentimiento o es libre o no existe; o lo llamo un consentimiento aparente logrado con algún tipo de intimidación. Quizás esté equivocado, pero un consentimiento sin libertad es un consentimiento viciado que no puede tener efectos jurídicos, o así sucede en otras ramas del derecho.

En fin, quizás el Tribunal Supremo, que tiene la última palabra,  nos explique por dónde transcurre esa delgada línea que separa la intimidación a la víctima del consentimiento obtenido coartando la libertad de la víctima, y en qué lado de la línea y por qué hay que situar a "la Manada" y a su víctima. Pero me da que una cuestión así necesitaría de jueces bizantinos, con experiencia en diferencias tan sutiles que se nos escapan al común de los mortales.

¿Reducir diputados y senadores?

Cuenta la prensa de hoy que en Francia se prepara una reforma constitucional que, entre otras cosas, supondrá reducir el número de representantes a elegir para su parlamento. Dicen que a partir de 2022 el número de diputados en la Asamblea Nacional pasará de 577 a 404 y el de senadores de 348 a 244. Supongo que es cuestión de tiempo que alguien, en España, proclame que hay que seguir el ejemplo galo y reducir el número de diputados y senadores. Tal propuesta sería congruente con la permanente campaña que se mantiene desde determinados sectores ideológicos para jibarizar todo lo público y en la que se repite machaconamente que España es el país de Europa con más políticos por metro cuadrado, que tenemos el doble o triple que otros países como Francia o Alemania.

Esas campañas suelen prescindir de la realidad y utilizan datos sesgados o amañados, cuando no directamente prescinden de los datos. En España ni hay más políticos, ni más funcionarios, ni más aparato público que en otros países europeos, ni se pagan más impuestos ni una mayor parte del PIB se lo come el sector público. Más bien, suele ser al contrario si atendemos a los datos medios de la Unión Europea.

Pero vamos hoy con el tema de los diputados y senadores. Lo cierto es que las Cortes Generales de España constituyen una asambles parlamentaria más bien reducida. Desde luego, lo es si comparamos su tamaño con el que han tenido a lo largo de su propia historia. Sin ir más lejos, cuando se inauguró el Palacio del Congreso de los Diputados en 1850 ya había prácticamente el mismo número de escaños que hoy, entonces 349 y ahora 350, cuando la población se ha cuadruplicado mientras tanto. Durante la Restauración el número de diputados ascendió a 391 en 1876, a 403 en 1903 y a 437 en 1923, mientras que el Senado no tenía número fijo ya que los senadores los nombraba el rey, pero osciló entre 200 y 368 senadores. Durante la II República se suprimió el Senado, pero el número de diputados se elevó a 473. Las Cortes franquistas llegaron a tener 556 procuradores.

Pero, en fin, la comparación resulta todavía más clara si la hacemos con el número de miembros de los parlamentos de los 27 restantes países miembros de la Unión Europea, veáse cuadro comparativo abajo. En realidad, solamente hay un país donde existan menos representantes parlamentarios, en proporción a la población, que en España. Se puede opinar, con todo, que tenemos demasiados políticos, pero habrá que razonarlo con algo más de esfuerzo que decir que tenemos más que otros países, porque no es cierto.

Los escalones de Baluarte

Pasado ya Pamplona Negra, su éxito, noticias, comentarios y resaca, es hora ya de denunciar un fallo de organización. Bueno, en realidad es un fallo del edificio que alberga el festival, el Palacio de Congresos y Auditorio de Navarra Baluarte, y más en particular su Sala de Cámara. Es el diseño de los escalones que dan acceso a las localidades. Supongo que si vas muy de vez en cuando ni lo notas. Pero si acampas allí una semana, y además después de cada conferencia te hacen salir y volver a entrar, y sobre todo si te sientas en las primeras filas y cada vez recorres la sala en casi toda su longitud subiendo o bajando, pues compruebas que son unos escalones realmente incómodos. Tadea Lizarbe y yo lo comentamos en varias ascensiones y descensos que hicimos juntos, y le prometí una denuncia pública.

Me dirán sus responsables que los escalones cumplen con las normas del Código Técnico de la Edificación sobre pasillos escalonados. Sí, cumplir las cumplen. Son escalones con dimensiones constantes de huella y contrahuella y el piso de las filas de espectadores permite el acceso al mismo nivel que la correspondiente huella del pasillo escalonado, y las dimensiones se cumplen (28 cm. de mínimo para la huella y 13-18,5 cm. para la contrahuella).  

Los escalones serán legales y seguros para casos de estampida, pero no son cómodos. Cada huella mide unos 90 cm., lo mismo que cada fila de butacas. Dicen los manuales que para que unos escalones sean cómodos han de tener en torno a 29 cm. de huella y 17 cm. de contrahuella. Es una medida orientativa, pero desde luego queda lejos de las medidas de la Sala de Cámara, donde hay que dar un paso y medio entre dos escalones. Ya sabemos que el diseño de edificios emblemáticos como Baluarte no se hace para la comodidad del público sino para mayor gloria de sus autores, pero podían haberse esforzado un poquito más.

Lo más molesto es que en el propio Baluarte hay al menos otra sala, la Sala Gola, donde los pasillos escalonados están diseñados de modo que resultan más cómodos, en el largo de cada fila de butacas hay, no uno, sino dos escalones, cumpliéndose también con las normas técnicas pero pudiendo dar un paso en cada escalón. ¿No podían haber aplicado el mismo criterio en todas las salas?

En fin, aquí queda planteada la queja a quien corresponda.

Mal derecho

Un conocido aforismo del derecho norteamericano dice que “hard cases make bad law”, los casos difíciles hacen mal derecho. La expresión proviene del famoso juez del Tribunal Supremo Oliver Wendell Holmes, que lo explicaba así: “Los grandes casos, igual que los casos difíciles, producen mal derecho. Porque a los grandes casos se los califica como grandes no en razón de su verdadera importancia para dar forma al derecho del futuro sino por alguna circunstancia accidental o algún interés apremiante que apela a los sentimientos y distorsiona el juicio. Estos intereses apremiantes ejercen una especie de presión hidráulica que hace que lo que antes estaba claro parezca ahora dudoso, por causa de la cual incluso principios de derecho bien establecidos acaban cediendo”.

En nuestro país ha habido, en los últimos años, casos difíciles muy conocidos capaces de generar ese mal derecho. Fueron casos donde la aplicación del derecho no daba los resultados pretendidos por el poder y, por eso, se retorcieron las leyes y los principios jurídicos todo lo que hizo falta. Casos que dieron lugar a la doctrina Parot, la doctrina Botín, la doctrina Atutxa, en el primero y el último de ellos hubo de intervenir el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo para paliar los desastrosos efectos producidos.

Supongo que en todas partes cuecen habas pero, por mi experiencia, creo que en España, en particular, hay muy poca cultura de respeto a la ley. No sé si es efecto de la tradición reflejada en la literatura picaresca o de la tardía y escasa cultura democrática derivada de nuestra azarosa historia política, pero gobernantes y gobernados suelen coincidir en contemplar el cumplimiento de las leyes como una pejiguera. El reciente “no nos metamos en eso” del presidente Rajoy para escaquearse de su obligación expresamente reflejada en la Constitución y en las leyes de perseguir la discriminación salarial entre hombres y mujeres es una diáfana declaración de principios.

El que las leyes vigentes no permitan a los partidos independentistas catalanes cumplir sus objetivos les llevó hace pocos meses a ponérselas por montera para organizar un referéndum ilegal y aprobar una independencia inconstitucional. La reacción contra tales hechos, en la mejor tradición española, se pasa de frenada y los líderes independentistas son acusados, y algunos encarcelados, de una rebelión violenta que solo existió en la imaginación de los acusadores (otra cosa son los delitos de prevaricación y desobediencia que probablemente sí se han cometido, pero que no conllevan penas de prisión sino de inhabilitación).

El último episodio, de momento, de esta lamentable historia es el auto dictado el 27 de enero por el Tribunal Constitucional. Viene provocado por un recurso que nunca se debió interponer por el Gobierno, que lo hizo con un dictamen del Consejo de Estado en contra, pero que responde al tradicional propósito de instrumentalizar las instituciones y retorcer el derecho todo lo que haga falta para obtener los resultados políticos deseados. Como las posibilidades de que el Tribunal Constitucional inadmitiera el recurso eran muy altas (así lo propusieron sus letrados y el magistrado ponente) los miembros del Gobierno se dedicaron a telefonear a algunos miembros del Tribunal Constitucional, según nos dice la prensa, no para presionarles (¡¿?!) sino para advertirles de lo grave que sería que se inadmitiera el recurso con el resultado de que no se suspendiera la sesión de investidura de Puigdemont (un ciudadano al que, de momento, ninguna resolución judicial ha privado de sus derechos políticos). A los magistrados del Tribunal Constitucional les tembló el pulso y en lugar de una de las dos decisiones que la Constitución y su Ley Orgánica les impone, admitir o no admitir a trámite el recurso, decidieron, sin duda impelidos por la presión hidráulica del juez Holmes, adoptar otra decisión distinta no prevista por el ordenamiento jurídico, un caso típico de imaginación e ingeniería jurídicas para salir del paso. Se difiere la decisión sobre la admisión inventando un trámite de audiencia de las partes y, mientras tanto, se adopta una medida cautelar que, en contra de lo que dicta la ley, no ha pedido ninguna de las partes y que no consiste en suspender el acto impugnado (lo que requeriría haber admitido a trámite el recurso, que no se ha hecho) sino en dictar instrucciones al Parlamento de Cataluña y al candidato sobre cómo ha de realizarse la sesión de investidura. Las condiciones de esa investidura, al menos, sí que se ajustan a la ley y ya habían sido señaladas por los letrados del Parlamento de Cataluña (ha de ser presencial, no vale a distancia, telemáticamente o por delegación), pero el Tribunal Constitucional no está habilitado por la ley para dictar instrucciones sobre hechos futuros, y mucho menos dictar anticipadamente la suspensión o la nulidad de actos que todavía no se han producido. El Tribunal Constitucional no ha interpretado y aplicado la Constitución, que es su misión, sino que ha innovado el ordenamiento jurídico para autoatribuirse potestades que nadie le ha concedido. Aparenta no admitir todavía el recurso, pero de hecho entra ya a resolver las cuestiones de fondo planteadas.

Claro está que la circunstancia de que todo este conflicto político se resuelva a base de mal derecho, de dar patadas al ordenamiento jurídico, preocupa muy poco y preocupa a muy pocos. Lo importante, en uno u otro bando, es ganar como sea. A por ellos.