Sobreactuar

Dice el Diccionario de la RAE que sobreactuar, además de “realizar una interpretación exagerada” cuando es dicho de un actor o de una actriz, también es “exagerar la expresión al actuar ante alguien”. Dado que la política, en buena medida, consiste en actuar ante el público, es frecuente en ella la sobreactuación. Más preocupante es que, en España, en los últimos años también se ha vuelto normal la sobreactuación en la Fiscalía y en la Justicia, aunque solamente en algún tipo de causas, las que tienen que ver con los nacionalismos periféricos (Dios nos libre de que afecte a la corrupción, los accidentes de trabajo o los delitos fiscales).

Ejemplos de la sobreactuación penal son el tartazo a la entonces presidenta de Navarra, Yolanda Barcina, en 2011. La Fiscalía pidió 6 años de prisión y finalmente se impusieron “solo” 2 años por atentado contra la autoridad. Estampar tartas en la cara de cualquiera es un hecho bastante feo, pero la pena parece un tanto excesiva, sobre todo si la comparamos con otros delitos y otras sentencias. Por ejemplo, hace poco unos policías han sido condenados a dos años de prisión por un delito de homicidio por imprudencia profesional. O recordemos el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981; algunos condenados lo fueron a uno o dos años de prisión.

Otro ejemplo reciente fue el de los titiriteros que el año pasado estuvieron en prisión durante cinco días acusados de  enaltecimiento del terrorismo y de atacar derechos y libertades públicas; finalmente la causa fue archivada. Y pendiente de juicio se halla el caso de los incidentes en Alsasua en 2016, donde varios acusados llevan casi un año de prisión preventiva y la Fiscalía pide 12 años y 6 meses por sendos delitos de lesiones terroristas por agresión a dos guardias civiles y sus  respectivas parejas (la suma hace 50 años para cada encausado) y otro tanto a un acusado por amenazas terroristas. La lesión más grave fue una fractura de tobillo que tardó en curar tres meses. Los hechos son condenables, pero la reacción del Estado es desmesurada. Hay asesinatos que en España se castigan con penas menores que las solicitadas para el caso de Alsasua.

Y, claro, si así están las cosas, no podíamos esperar contención en la causa de la independencia de Cataluña. Rebelión, sedición, prevaricación, malversación de fondos públicos, desobediencia… La Fiscalía fuerza el relato de los hechos, uno se pregunta dónde ha visto la violencia multitudinaria que se exige para la rebelión, el propio Tribunal Supremo al admitir la querella ya ha matizado que quizás solo haya que investigar una conspiración; y la jueza de la Audiencia Nacional que ha admitido otra querella se pasa por el arco del triunfo una resolución anterior que ya estableció que ese órgano no es competente para el delito de rebelión, pero aprovechando que el Llobregat pasa por Barcelona ha estimado preferible que el asunto se juzgue cerca del Manzanares.  Es posible que algunos de los políticos acusados hayan cometido algún delito (pienso yo que desobediencia es el más probable), pero encausarles por rebelión es otro caso claro de sobreactuación. Afortunadamente, lo que decide un órgano judicial es revisable por otro, y luego por otro y así sucesivamente hasta llegar a Estrasburgo, donde probablemente acabe todo esto dentro de unos años.

Y si la Fiscalía y la Justicia sobreactúan, pues algunos de los acusados también. Lo de montar un Gobierno de Cataluña en el exilio (o, mejor, medio Gobierno), con el presidente Puigdemont dando ruedas de prensa en Bruselas, incurre en la misma exageración. Claro está que la exageración viene siendo la norma en todo el procés y la reacción contra el mismo. Si unos acusan a los independentistas de dar un golpe de Estado, otros acusan a Rajoy al aplicar el artículo 155 de dar otro golpe de Estado, banalizando lo que es un verdadero golpe de Estado. La desproporcionada actuación policial del 1 de octubre se califica, desproporcionadamente, de estado de excepción. La manifiestamente mejorable democracia española se tacha de continuación de la dictadura franquista, la no menos mejorable autonomía catalana es una dictadura nacionalista donde se adoctrina a los niños en las escuelas, y entre unos y otros se hace normal intercambiar calificativos como fascista, nazi, golpista, antidemócrata, y de ahí hacia arriba.

En fin, que necesitaríamos mejores actores.

Post data. 17:43 h. En perfecta coherencia con lo anterior, la juez Lamela envía a ocho consejeros del Gobierno catalán a la cárcel. Esta mujer es un peligro.