Hace ahora 25 años, el 13 de febrero de 2001, en Diario de Noticias me publicaron el siguiente artículo. Me producía, como ser humano, mucha vergüenza entonces, y me produce mucha más ahora.
SAHARA: 25 AÑOS DE VERGÜENZA
En la conmemoración de los veinticinco años de la muerte de Franco y de la proclamación de Juan Carlos I como rey, entre otros olvidos de la reescrita historia de España (“25 años de libertad” tituló TVE un reportaje, como si la Constitución tuviera efectos retroactivos sanadores y algunos no recordemos que incluso el 15 de junio de 1977 había partidos ilegales por decisión gubernativa que no pudieron concurrir con sus siglas a las primeras elecciones “democráticas” y no fueron legalizados hasta un mes después, o que los alcaldes franquistas no cesaron hasta 1979), hay un tema sobre el que se ha pasado de puntillas. Me refiero a la suerte de ese considerable número de personas que en noviembre de 1975, cuando el rey expresó su voluntad de integrar a “todos” los españoles afirmando “que nadie tema que su causa sea olvidada”, eran ciudadanos españoles y para los cuales los últimos veinticinco años no han sido ni de democracia ni de libertad, sino de guerra, exilio y campos de refugiados. Me refiero al pueblo saharaui.
Ya
pocos recuerdan que en 1975 el entonces llamado “Sahara español” era una
provincia española habitada por ciudadanos de nacionalidad española. Cierto es
que la conversión legal de la colonia en provincia, patrocinada por Carrero
Blanco en 1958, había respondido a una maniobra del Gobierno franquista para
evitar el proceso de descolonización exigido por la ONU. En 1961 por ley se
regulaban unas "bases sobre las que debe asentarse el
ordenamiento jurídico de la Provincia del Sahara en sus regímenes municipal y
provincial" que perseguía su equiparación jurídica con el resto
del territorio nacional, y que incluyó la representación política de los
saharauis en las Cortes Españolas y el derecho al voto en el referéndum sobre
las Leyes Fundamentales que se celebró en 1966 (con resultado amañado, como no
podía ser menos en la época). La asimilación legal entre lo que se llamó
"españoles peninsulares” y "españoles nativos" o “nacionales
saharauis” a los que se proveyó de un DNI bilingüe castellano-árabe era
completa. La propia ley comparaba las peculiaridades de orden social y jurídico
del Sahara con las “variedades económico-forales" del régimen provincial
(en Navarra y Álava) o con “la especial configuración de los Cabildos
Insulares”. Esta circunstancia sirvió para dar largas a los requerimientos de
la ONU durante varios años.
Es obvio que esta equiparación jurídica entre el Sahara español y las provincias españolas no era suficiente para ocultar el hecho de que, políticamente, se mantenía una situación colonial. Si en los años sesenta el Gobierno utilizó la complicidad de algunos jefes tribales para aparentar la voluntariedad de la total integración del Sahara en España, en los años setenta la presión a favor de la descolonización, tanto exterior como interna por parte del Frente Polisario (creado en 1973) se hizo insoportable. En 1974 el Gobierno español elabora un no nato proyecto de estatuto de régimen de autonomía en el que se reconoce al Sahara como territorio colonial, y anuncia que en el primer semestre de 1975 se celebrará un referéndum de autodeterminación, a cuyo fin se elabora un censo de votantes. Este referéndum fue retrasado a causa de la apelación que Marruecos –país con antiguas pretensiones anexionistas sobre el Sahara español- hizo al Tribunal de La Haya, organismo que dictaminó que no había lazos de soberanía entre Marruecos y el Sahara occidental. No obstante, la presión marroquí a través de la Marcha Verde en un delicado momento (Franco estaba agonizando) hizo ceder al Gobierno español. El 14 de noviembre de 1975 se firman los acuerdos tripartitos de Madrid por los cuales se cede la administración del territorio a Marruecos y Mauritania y España se compromete a poner fin a su presencia antes del 28 de febrero siguiente. El precipitado proceso se arropa con una ley de 19 de noviembre (víspera de la muerte de Franco) “de descolonización” del Sahara que, dando marcha atrás respecto a todo lo anteriormente legislado, afirmaba que éste “durante algunos años ha estado sometido en ciertos aspectos de su administración a un régimen peculiar con analogías al provincial y que nunca ha formado parte del territorio nacional". Considerando próxima la culminación de la descolonización “de conformidad con lo establecido en la Carta de las Naciones Unidas” en su único artículo otorgaba una autorización en blanco al Gobierno para adoptar las medidas que estimase oportunas en orden a salvaguardar los intereses españoles. Posteriormente, mediante un decreto de agosto de 1976 se reguló un supuesto derecho a optar por la nacionalidad española a los naturales del Sahara que poseyeran documentación española y hubieran abandonado su territorio mediante el cumplimiento de determinados requisitos formales en el plazo de un año, obviando el hecho de que todos los saharauis habían accedido a la nacionalidad española. A partir de entonces la política oficial de la Administración española es negar que los saharauis alguna vez hubiesen sido españoles, salvo quienes hubieran obtenido expresamente la naturalización al amparo del citado decreto de 1976.
Esta doctrina ha sido puesta en cuestión por el Tribunal Supremo en una sentencia de 28 de octubre de 1998 en la que califica aquel derecho de opción de “falso o mal llamado”, recordando que mal podían optar los saharauis cuando la única nacionalidad reconocida de la que habían dispuesto hasta entonces era la española. La sentencia reconoce la nacionalidad española a un saharaui no amparado por el decreto de 1976, pero cuyo nacimiento había sido inscrito en el registro civil, disponía de DNI y pasaporte españoles, e incluso había trabajado para la Administración española.
La muerte de Franco y la restauración monárquica coincidió, pues, con el abandono del territorio, un abandono culminado el 26 de febrero de 1976 que sólo se puede calificar de huida con el rabo entre las piernas, incumpliendo todos los compromisos internacionales asumidos por España frente a las Naciones Unidas, incumpliendo el propósito enunciado en la propia ley “de descolonización”, incumpliendo sobre todo los compromisos adquiridos con los saharauis para celebrar un referéndum de autodeterminación, y abandonando a su suerte ante la ocupación militar marroquí a una población hasta entonces de nacionalidad española.
No cabe mayor paradoja. Bajo la dictadura franquista se habían equiparado legalmente los derechos de los saharauis a los de los demás españoles (bien es cierto que en aquélla época los derechos políticos de que disfrutábamos los españoles estaban ampliamente coartados) y se había iniciado el proceso de reconocimiento del legítimo derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación. El arranque de los “veinticinco años de libertad” en España supuso para los saharauis la negación de sus derechos, la privación de la nacionalidad, el aplazamiento sine die de la autodeterminación, la ocupación militar y la represión, y para una gran parte de los saharauis, el exilio y la vida en los campos de refugiados.
Los
saharauis han soportado veinticinco años de guerra y exilio, de una durísima
vida en el territorio sometido a ocupación marroquí o en los campos de
refugiados del inclemente desierto de Tinduf (Argelia). Su coraje y
determinación les han permitido sobrevivir y mantener también viva su causa, la
exigencia de que se cumplan las resoluciones de las Naciones Unidas para la
autodeterminación del Sahara occidental.
Al
visitar los campos de refugiados de Tinduf y recibir la hospitalidad de los
saharauis uno percibe enseguida la simpatía que, pese a todo, guardan para los
españoles –mantienen el castellano como segunda lengua en su sistema
educativo-. Distinguen perfectamente entre la actitud oficial de los sucesivos
gobiernos y la de los ciudadanos españoles. Una parte de la ayuda que reciben y
les ha permitido sobrevivir en el exilio procede de España, de diversas
Comunidades Autónomas, entidades locales y asociaciones humanitarias y de apoyo
a su causa (en Tifariti, en territorio saharaui, se halla el “Hospital
Navarra”, construido con apoyo de nuestra comunidad y a cuya inauguración
acudimos una nutrida representación de navarros en abril de 1999). Pero al
recibir esa hospitalidad y esa simpatía uno no puede por menos que sentir
vergüenza propia por la política de los gobiernos españoles. Lo que realmente
debemos al pueblo saharaui no es solamente cooperación humanitaria, no es sólo
ayuda sanitaria, alimenticia, educativa, o que acojamos niños saharauis en las
vacaciones de verano (con ser todo ello muy importante). Lo que
fundamentalmente debemos a los saharauis es un firme apoyo político en la
escena internacional, en las Naciones Unidas, ante Marruecos, ante otros
gobiernos, para que se cumplan los compromisos un día adquiridos por España y
plasmados después en los planes de la ONU para la celebración del referéndum de
autodeterminación. Planes continuamente obstaculizados por el gobierno marroquí
ante la pasividad del gobierno español y de otros gobiernos.
El
próximo 27 de febrero se cumplen 25 años de la proclamación de la República
Árabe Saharaui Democrática, coincidiendo con la retirada española. Para
conmemorarlo, y para seguir reivindicando el derecho a la autodeterminación del
pueblo saharaui, se celebrará entre otros actos el “Sahara Marathon”, una
prueba deportiva organizada por asociaciones humanitarias y de apoyo al pueblo
saharaui de diversos países, cuyo recorrido transcurre entre los campos de
refugiados de Tinduf. Un acontecimiento que pretende, una vez más, llamar la
atención de una opinión pública internacional demasiado olvidadiza. Al hacer
memoria de estos últimos veinticinco años, quienes compartimos entonces la
misma ciudadanía y la misma falta de libertades con los saharauis –nuestra triste
“unidad de destino en lo universal”- no debiéramos permitirnos olvidarles.
