Con la nómina de este mes de agosto de 2017 a los funcionarios navarros, han anunciado, nos aplicarán la subida del 1 % prevista en los Presupuestos Generales del Estado y nos la abonarán con efectos desde el pasado 1 de enero. En fin, que recibiremos una "paguica" extra con la que afrontar los gastos de las vacaciones veraniegas. Y digo bien, "paguica", porque su cuantía no será para tirar cohetes. Si el salario medio de un empleado público en Navarra anda en torno a los 36.000 euros al año, la subida media es de 360 euros anuales y lo que percibirá en agosto por los primeros ocho meses del año serán unos 240 euros. Confieso que yo estoy entre los funcionarios bastante mejor retribuidos que la media y calculo que a mi me abonarán unos 380 euros.
Algunos pensarán que, con esta noticia, los funcionarios estaremos contentos. Pues no, o, por lo menos, no muy contentos. Claro que es mejor una subida del 1 % que ninguna subida, como venimos padeciendo en los últimos años de rigurosa congelación salarial, y mejor que un recorte de retribuciones, como el que nos perpetraron el año 2010 con una media del 5 % a todos los empleados públicos. En todo caso, seguimos en la misma senda de la constante pérdida de poder adquisitivo a la que los funcionarios estamos acostumbrados. Tan acostumbrados como que no hemos conocido otra cosa por muchos años que llevemos en la función pública.
Me he molestado en calcular la pérdida de poder adquisitivo en mi caso particular. Ingresé en la Administración en 1985. En el cuadro adjunto he colocado los datos de incremento del IPC en Navarra cada año desde entonces y la comparación con los incrementos salariales que se han ido aprobando en las sucesivas leyes forales de presupuestos (la comparación es, en cada caso, con el IPC del año anterior). El resultado... ya se ve. Gracias a los rácanos incrementos, casi siempre muy por debajo del IPC, a las frecuentes congelaciones y al recortazo de 2010 (he indicado el mío, no fue igual para todos dependiendo de los niveles), no logramos recuperar ni la mitad de lo que supone la inflación.
Hay que precisar que, normalmente, los funcionarios no pasamos hambre. La principal razón de que, pese a esa continua pérdida de poder adquisitivo, no estemos famélicos es que percibimos unas retribuciones complementarias por antigüedad. Se supone que retribuir la antigüedad del empleado, lo mismo en el sector público que en privado, tiene que ver con ofrecerle una esperanza de progreso en su situación económica, proveer las mayores necesidades que pueda tener en razón de sus cargas familiares, darle un aliciente para la mejora y premiar la fidelidad del empleado con la empresa. Esa es la teoría. En la práctica, solo sirve para amortiguar la pérdida de poder adquisitivo. He calculado que, en mi caso, con 32 años de servicios, los complementos por antigüedad (grado más quinquenios, en la normativa foral, la regulación es distinta para los funcionarios que se rigen por la legislación estatal) me incrementa el sueldo, aproximadamente, en un 23 % sobre lo que percibiría sin esos complementos. Es decir, amortigua pero no llega a compensar ni de lejos. Tambien ayuda a sostener la economía del empleado público el que, a lo largo de sus años de servicio, tenga oportunidad de hacer algún tipo de carrera profesional, de promocionar hacia puestos mejor retribuidos. Por esta vía algunos funcionarios, aunque no todos, también logran equilibrar la pérdida de poder adquisitivo, aunque a costa de que, en realidad, la promoción no significa mejorar los ingresos sino, simplemente, mantenerse a flote. No es posible cuantificar los ingresos por promoción profesional mediante una media, porque las situaciones son muy diversas, pero calculo que en mi caso puede rondar entre el 20 y el 25 % el incremento que supone sobre el sueldo que tendría si siguiera en el mismo puesto por el que entré en la Administración.
Quizás algún lector que haya llegado hasta aquí esté pensando que "ya están los funcionarios, esos privilegiados con trabajo fijo, quejándose como siempre". Reconozco que, tal como está el país, la mayoría de la población está peor que los empleados públicos (y yo no me quejo de mi situación en particular, mejor que la de la mayoría de los funcionarios). La cifra de desempleo sigue siendo escandalosa y, a menudo, más escandalosos son los datos sobre la precariedad laboral y la reducción salarial experimentada por la inmensa mayoría de los trabajadores, por no hablar de los pensionistas y su condena a una constante y sostenida pérdida de ingresos. Pero lo que no es de recibo es esa tramposa percepción que corre riesgo de instalarse en nuestra sociedad sobre que tener un trabajo fijo ya no es un derecho, como dicen la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Constitución española, sino un privilegio. Tener un privilegio supone disfrutar de una ventaja no justificada sobre los demás, algo a lo que los demás no tienen derecho y no pueden reclamar y, por ello, resulta injusto por contrario al principio de igualdad. Muy mal estamos si consideramos el tener trabajo fijo como un privilegio que habría que recortar para hacernos a todos precarios, y también si tener un salario digno, que mantenga el poder adquisitivo a lo largo del tiempo, es otro privilegio igualmente susceptible de ser abolido. Que no nos coman el tarro. El problema no es el puesto fijo de los funcionarios, sino la temporalidad y precariedad de muchos trabajadores, el problema no son los sueldos de los funcionarios, sino los salarios míseros de tantos trabajadores o las pensiones roñosas de tantos pensionistas. Pero, en unos y otros casos, los responsables son los mismos y contra ellos debemos dirigir las críticas todos los demás que, si algo tenemos en común, es que, en mayor o menor cuantía, todos estamos perdiendo.
